OTD Chile junto a 186 organizaciones piden a los Estados que protejan los derechos humanos de las personas LGBTI en el contexto del brote de COVID-19

(Santiago, 5 de junio de 2020).- Esta declaración conjunta se presenta en nombre de una coalición de organizaciones que trabajan para la protección global de los derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales (OSIEGCS). Su objetivo es llamar la la atención del Consejo de Derechos Humanos, sus miembros y observadores, sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) y de quien defienden sus derechos en el contexto de la pandemia del COVID-19.

La actual crisis de salud pública causada por la propagación del COVID-19, es una emergencia mundial con implicaciones sociales, económicas y ecológicas de gran alcance para todes nosotres. Al mismo tiempo, existen evidencias claras y numerosas de que las respuestas de los Estados en la prestación de servicios de salud, la aplicación de medidas de bloqueo y las políticas destinadas a mitigar las consecuencias económicas tienen efectos desproporcionados y discriminatorios en los grupos marginados, incluidas las personas LGBTI . La pandemia está 1 exponiendo y profundizando la discriminación, la violencia y otras violaciones de los derechos humanos existentes sobre la base de OSIEGCS.

Derecho a la salud

La pandemia agrava los problemas existentes en el acceso a la salud de las personas LGBTI, que a menudo se enfrentan a obstáculos para acceder a este derecho debido al estigma, la discriminación, la patologización y la criminalización de las conductas homosexuales y/o las diversas identidades de género.

Las personas LGBTI padecen de tasas más altas de afecciones de salud subyacentes que el público en general , lo que ha demostrado exacerbar la tasa de morbilidad y mortalidad de 2 quienes contraen COVID-19.Son motivo de grave preocupación las personas LGBTI de edad 3 avanzada que pertenecen a múltiples categorías de riesgo, son más susceptibles de sufrir
mortalidad por contraer el virus y pueden no tener acceso a la seguridad financiera, a la atención sanitaria básica o a los sistemas familiares y de apoyo.

Los procedimientos médicos de afirmación del género pueden considerarse no urgente y aplazarse o cancelarse debido al COVID-19, lo que amenaza gravemente el derecho a la salud de las personas trans e intersex. Los retrasos o interrupciones de la terapia hormonal y de la atención quirúrgica posterior a cirugías realizadas previamente pueden dar lugar a infecciones, dolor crónico y desequilibrios hormonales. Estas consecuencias físicas se suman a los efectos psicológicos, entre ellos la ansiedad, la depresión y las autolesiones . La reasignación de los  recursos sanitarios también ha creado o exacerbado la escasez de antirretrovirales para las personas que viven con el VIH/SIDA y ha restringido el acceso a los servicios de anticoncepción y de aborto.

Las personas LGBT, y en particular las intersex, están expuestas a una nueva victimización debido a experiencias anteriores de tortura y malos tratos en el sistema médico.

En un contexto en que el acceso a la salud es un elemento central de un enfoque de la pandemia basado en los derechos humanos, los Estados deben cumplir sus obligaciones de garantizar el 5 acceso de todas las personas a la atención de salud , incluida la salud sexual y reproductiva, sin 6 discriminación de ningún tipo.

Aumento del estigma y la discriminación y la utilización de personas LGBTI como chivos expiatorios

Las personas LGBTI han sido utilizadas como chivos expiatorios por figuras públicas y religiosas y se les ha culpado de la pandemia, lo que da lugar a una mayor animosidad, estigma y violencia contra la comunidad y los que defienden sus derechos. Se han planteado denuncias de actos discriminatorios sociales y patrocinados por el Estado en diferentes regiones, entre ellas Asia , África , América Central y del Norte y Europa .

Algunas medidas de emergencia están estimulando las violaciones de los derechos humanos. En América Latina, los confinamientos que permiten a las personas salir de su casa en función de su género están desencadenando violencia y discriminación, incluso por parte de agentes estatales, contra las personas trans y no binarias , lo que las coloca en situaciones de especial
vulnerabilidad.
Les solicitantes de asilo LGBTI están relatando un aumento de discriminación, prejuicios, resentimiento, el temor a las tasas de transmisión en masa y la muerte debido al hacinamiento en los campamentos y a las condiciones de vida inadecuadas. Los cierres de fronteras están impidiendo que quienes se enfrentan a peligros o persecuciones basados en la OSIEGCS accedan a la seguridad, mientras que los países están convirtiendo a les inmigrantes en chivos expiatorios como vectores de COVID-19 para aplicar políticas migratorias de línea dura o amenazar con la deportación.

La suspensión de los procesos de reasentamiento obliga a les refugiades y solicitantes de asilo LGBTI a permanecer detenides, o a los países de acogida hostiles, donde se enfrentan a la violencia homofóbica o transfóbica. 

Los Estados deben cumplir con las leyes y normas internacionales de derechos humanos al aplicar las medidas de emergencia, siguiendo los requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, incluso basada en OSIEGCS. Los Estados deben abstenerse de perseguir a personas o grupos específicos, utilizando medidas emergenciais para hacer retroceder los derechos existentes que protegen a las personas LGBTI y deben combatir la expresión de odio que tiene por objeto conectar la pandemia con la comunidad LGBTI.

Acceso a vivienda, agua y saneamiento, y consecuencias del distanciamiento social

La comunidad LGBTI está desproporcionadamente representada entre las personas sin hogar, y con viviendas inadecuadas, y a menudo se ven relegadas a zonas marginales e inseguras.

Las políticas de confinamiento y aislamiento social no tienen en cuenta la vulnerabilidad generalizada, la movilidad y la falta de vivienda de esta comunidad, en particular en el caso de los jóvenes y las personas mayores LGBTI. Tienen aún menos acceso en refugio y vivienda, a medicamentos y otros servicios de atención de la salud, al agua y el saneamiento, a servicios de apoyo social y, en los lugares donde el incumplimiento de las políticas de aislamiento es punible, tienen menos recursos contra la detención, la violencia y el acoso.

Además, la falta de acceso a la vivienda y a los refugios está obligando a las personas LGBTI a vivir en entornos hostiles durante las medidas de distanciamiento social y de aislamiento, lo que las expone a la violencia doméstica . Las situaciones son peores en los países en que se penaliza 16 directa o indirectamente a los OSIEG, limitando el acceso a la justicia o al apoyo por temor a la persecución. Les niñes y los adolescentes son particularmente vulnerables.

Los Estados deberían garantizar que los refugios sean inclusivos para todas las personas, independientemente de su OSIEGCS , y aplicar medidas que permitan a las personas LGBTI 17 denunciar la violencia y la discriminación sufridas en un contexto privado, incluso en los hogares y los refugios.

Derecho al trabajo y sus repercusiones en los medios de vida

La comunidad LGBTI está sobrerrepresentada en el sector informal, y enfrenta a diversos obstáculos para acceder a los servicios sociales y es más vulnerable a la pérdida de ingresos. Las políticas de distanciamiento social y la recesión económica general implican mayores riesgos de caer en la inseguridad alimentaria, la pobreza y la falta de vivienda, o para algunas personas, de volver a ella. Estas personas se enfrentan a graves amenazas para sus medios de vida y su bienestar durante la pandemia y pueden seguir enfrentándose a este escenario en ausencia de una  reparación por parte del Estado. Incluso en el caso de las personas del sector estructurado, es más probable que las personas LGBTI experimentan recortes en sus horas de trabajo y desempleo.

Les trabajadores del sector no formal o del empleo precario se enfrentan a obstáculos para denunciar la discriminación y el acoso y el despido improcedente basado en el SOGIE o para acceder a una reparación por ello. Las personas LGBTI, especialmente les trabajadores sexuales, encuentran obstáculos para acceder a los servicios sociales, se enfrentan a repercusiones drásticas en sus medios de vida y su bienestar, y pueden verse obligados a pasar a situaciones de inseguridad para hacer frente a la inestabilidad financiera. Con la pérdida de ingresos y sin  ahorros, seguridad social o ayuda, estas personas a menudo carecen de acceso a alimentos, agua y saneamiento.

Los Estados deberían velar por que las medidas de emergencia para hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia, así como los planes de recuperación, incluyan a las personas LGBTI, especialmente a las personas trans, de edad avanzada y sin hogar.

Pueden leer  y descargar el resto de la declaración Los impactos del COVID-19 en los derechos humanos de las personas LGBTI

Las organizaciones que firmaron la declaración