Para fines de abril de este año, el Estado de Chile se encontrará rindiendo el EPU (Examen Periódico Universal), por cuarta vez desde que se adoptó el mecanismo. Esta instancia es un mecanismo de Naciones Unidas, dentro del Consejo de Derechos Humanos, que implica que cada Estado Miembro debe someterse cada cuatro años y medio a un análisis de cómo actúa en materia de derechos humanos. Posterior al análisis y diálogo con el Estado de Chile los Estados Miembros le dan recomendaciones al Estado en su conjunto, incluyendo al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Las recomendaciones luego de aceptarlas, se convierten en obligaciones internacionales de Chile, las que deberá cumplir en el próximo ciclo de 54 meses. A su vez el trabajo de la Sociedad Civil será incidir en que cumpla, independiente del color político que gobierne al Estado de Chile.
Desde OTD Chile, en el mes de octubre enviamos nuestro “informe sombra” al Alto Comisionado de Derechos Humanos en Naciones Unidas, denunciando la falta de compromiso en la creación de políticas que apoyen a personas trans/no binarias en los últimos años. Nuestra exposición incluye recomendaciones de avanzar en diversas temáticas como por ejemplo concretar una política pública de Salud Trans, integración de adultez mayor trans mediante una ley de Reconocimiento y Reparación, considerar los derechos de personas trans migrantes, garantizar la vivienda y la necesidad de la Ley de Cupo Laboral Trans. También acusamos el incumplimiento de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que todas las personas trans tengan acceso al Derecho a la Identidad de Género, pudiendo así reformar la Ley para el reconocimiento de identidades no binarias e infancias trans. Exigimos que el Estado fiscalice las políticas de no discriminación del Poder Judicial por omisiones de funcionarios judiciales sobre crimenes de odio hacia personas trans, erradicando la discriminación e intolerancia en órganos judiciales. Que se esclarezcan los casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social hacia personas trans, estableciendo prácticas de reparación.Que la legislación prevenga la violencia y discriminación dentro de establecimientos educacionales, en razón de los múltiples suicidios de adolescentes trans provocado por el bullying, considerando el estancamiento del Proyecto de Ley José Matías. Proponemos que se modifique la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales, para garantizar la protección educacional de menores de 18 años en su identidad de género y expresión de género y la necesidad de una Ley de Educación Sexual Integral, en torno a formación docente, y en el avance de la transversalización de la educación, volviéndola inclusiva para quienes deseen educarse.
Demandamos, ante todo, que el Estado de Chile asuma la exclusión histórica de la población trans/no binaria y tome en consideración nuestras recomendaciones. Esperamos que Naciones Unidas sea firme en cuanto al reconocimiento de las graves vulneraciones de derechos que hemos sufrido y que a la fecha, siguen sin respuestas.
Desde la Unidad de Legislación y Políticas Públicas, expusimos el 6 de febrero ante diplomatiques de diversos Estados en Naciones Unidas para informarles sobre nuestras recomendaciones y garantizar que las personas trans/no binarias seamos consideradas en el Examen. Estados como Canadá, Bélgica, Suiza, Costa Rica, Uruguay, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Islandia, Nueva Zelanda, Luxemburgo e Irlanda escucharon nuestra presentación y podrán ser nuestra voz en el proceso del Examen, dado que es un proceso que se realiza entre los Estados.
