En el día de la visibilidad trans, la CIDH urge a los Estados a garantizar la inclusión plena de las personas trans y a combatir de raíz las causas que exacerban la discriminación y exclusión

Washington, D.C. –  En el marco del Día de la Visibilidad Trans, que tiene lugar el 31 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se une a la comunidad internacional para resaltar el valioso rol que las personas trans ocupan en los procesos de reivindicación de sus derechos, el combate del cisexismo e inclusión en espacios públicos y de poder. La CIDH saluda el liderazgo de algunas personas trans y la ardua labor que realizan en la región, e insta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas urgentes que incluyan de manera trasversal la perspectiva de identidad de género en las políticas públicas que buscan contrarrestar los círculos de pobreza, exclusión, violencia y criminalización que afectan a personas trans en América. Entre otras cosas, tales medidas incluyen el reconocimiento de la identidad de género de forma sencilla, expedita y no patologizante, así como la protección de las conductas en el ejercicio de dicha identidad, lo cual debe ser extensivo a los distintos aspectos de la vida de la persona, en ámbitos como educación, salud, trabajo y vivienda.

La Comisión Interamericana observa con beneplácito que en los últimos años ha ido en aumento la presencia de personas trans en la esfera pública, tal es el caso de importantes referentes y activistas trans en la región, así como –aunque en menor cuantía- de personas trans en cargos públicos y/o de elección popular. La CIDH resalta la importancia de que los Estados de la región adopten políticas en el ámbito interno que garanticen la inclusión en el mercado laboral formal de personas trans, y que se generen espacios democráticos y de diálogo que permitan a éstas acceder en reales condiciones de igualdad a cargos públicos y/o de elección popular. Al respecto, la CIDH saluda las iniciativas impulsadas por algunos Estados de la región que buscan garantizar cupos laborales mínimos de personas trans en cargos públicos, e insta a que estas iniciativas sean replicadas y extendidas por los demás Estados Miembros de la OEA, y que sean igualmente acompañadas de políticas públicas integrales que permitan, entre otras cosas, la capacitación técnica de las personas trans para que efectivamente puedan acceder a estos puestos, continuar su crecimiento laboral y ocupar puestos de poder y/o de toma de decisión.

A pesar de ciertos avances y aumento de la presencia de personas trans en la esfera pública, la CIDH nota con preocupación que ésta aún resulta muy baja y responde a situaciones excepcionales. Al respecto, la Comisión destaca que las condiciones generalizadas de violencia, discriminación y exclusión que enfrentan las personas trans en América, exacerbada por patrones cisnormativos arraigados en las sociedades de la región, tienden a imposibilitar el acceso y completitud de los diferentes niveles educativos, lo cual impacta negativamente sobre la calidad de vida, les relega a círculos de pobreza y exclusión que les hacen más vulnerables a la violencia. Todo esto compromete el  acceso efectivo a derechos como la salud, el trabajo y la vivienda, el acceso de personas trans a los espacios públicos y su participación como actores políticos.

En su informe Violencia contra personas LGBTI de 2015, la CIDH señaló que “la violencia generalizada, los prejuicios y la discriminación en la sociedad en general y dentro de la familia, obstaculizan las posibilidades de que personas trans tengan acceso a educación, servicios de salud, vivienda y al mercado laboral formal”. Asimismo, en su más reciente informe preliminar sobre “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en las Américas” de 2016, la Comisión destacó que “para lograr una inclusión integral de las personas trans en los diferentes ámbitos y disminuir las tasas de pobreza que les afectan, es preciso redoblar esfuerzos y llevarlos más allá de la adopción formal de normativas que reconocen la identidad de género, abocándose al diseño e implementación de políticas públicas complementen dichas normativas, que tomen en cuenta las necesidades y diferentes realidades que enfrentan las personas trans, y que tengan como finalidad subsanar las brechas de desigualdad que les afectan”.

Por su parte, el Relator sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la CIDH, Comisionado Presidente Francisco Eguiguren Praeli, expresó que “el respeto y reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas trans en América no será alcanzado hasta tanto estos ejercicios de reivindicación de derechos no trasciendan la esfera de lo formal y se conviertan en garantías operativas, adaptadas a las diferentes realidades de las personas trans en la región, que les permitan desarrollar en pleno sus potencialidades, ejercer sus derechos acorde a su identidad de género y que no constituya impedimento para ocupar puestos dentro del mercado laboral formal, incluyendo puestos de poder en esferas públicas”. Además agregó que “los Estados de la región tienen el compromiso de adecuar sus marcos normativos para que tengamos una América que deje atrás la cisnormatividad y brinde igualdad de oportunidades para todas las personas”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.