Costa Rica aprueba el cambio de nombre de personas trans en su cédula de identidad

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica comunicó el lunes que asume como vinculante la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicada en noviembre de 2017, y donde establece el derecho a la identidad de género.

Con esto el Estado centroamericano aprueba y regula el cambio de nombre por identidad de género autopercibida en la cédula de identidad de las personas trans e intersex, a través de un procedimiento gratuito en el registro civil. Además, y con el objetivo de evitar efectos estigmatizantes, se eliminará el sexo de nacimiento en el documento.

El trámite de cambio de nombre también puede ser solicitado por personas menores de 18 años, con la autorización de sus padres o tutores.

Previo a esto el cambio de nombre era un trámite judicial, costoso y largo. Ahora las personas que quieran hacerlo deberán esperar su publicación en La Gaceta, el diario oficial de Costa Rica, y tendrán un tiempo de espera de un mes.

Esta medida se logró porque un comité de expertos del Tribunal asumió la responsabilidad de aplicar la opinión de la Corte y no se traspasó a la Asamblea Legislativa, compuesta en su mayoría por políticos conservadores.

Hace exactamente un año el Estado costarricense presentó las consultas a la Corte y se transforma en el único país centroamericano en dar una salida administrativa a que personas trans e intersex puedan legalizar su nombre, sin embargo, aún sigue pendiente la aprobación de la ley de identidad de género presentada hace dos años.

Para la activista intersex Natasha Jiménez, de la Asociación Mulabi, esta medida abre la puerta para nuevos derechos. “Se garantiza muchos otros derechos para la población trans e intersex, como la educación, la salud, la vivienda, porque ya no habrá incongruencia entre la identidad y la expresión de género. Esto siempre genera momentos incómodos o discriminación a la hora de hacer algún trámite porque siempre te preguntan si eres o no esa persona del documento”.

Hasta ahora sólo la Iglesia Católica se pronunció en contra de la normativa.

En el comunicado oficial, el Tribunal además precisó que seguirá recibiendo las solicitudes de inscripción de matrimonios entre personas del mismo sexo, a pesar de que no se pueda terminar con el procedimiento por una norma vigente en el código de familia, que una vez que sea derogada tendrá efectos retroactivos.