Comunicación Pública a 50 días de haber entrado en vigencia la Ley de Identidad de Género en Chile

(Santiago, 14 de febrero de 2020).- A un mes y medio de la entrada en vigencia de la ley 21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, que en efecto ha cambiado la vida de muchas personas reconociendo su identidad; nos vemos en la necesidad de manifestar a la opinión pública nuestra desilusión y descontento ante una serie de irregularidades que hemos detectado en el proceso de implementación de la ley.

Las irregularidades que hemos identificado son:

1. Vulneración del principio de confidencialidad: en los certificados de nacimiento de personas que han rectificado su nombre, está apareciendo una nota que dice “Rectificación administrativa ley 21.120”. Por su parte, en los certificados de nacimiento de hijes de personas que rectificaron sus nombres, sigue apareciendo su identidad legal anterior, sin el número de RUN, dejando a las personas trans sin un documento legal que le permita acreditar el vínculo de filiación con sus hijes. Además, se sigue utilizando el vocablo “padre” o “madre”, según el género anterior. Todo esto expresamente prohibido en la ley y otros instrumentos.
2. Falta de coordinación con otras entidades y servicios: con el Ministerio de Educación, al no actualizarse los documentos de licencias de educación básica y media; y con el Servicio Electoral, pues en los padrones electorales para el plebiscito del 26 abril no aparecerán rectificados los nombres de personas trans que hayan realizado el trámite por la Ley 21.120, generando nuevamente una vulneración a la vida privada de las personas trans.
3. Presentación tardía de los programas de acompañamiento estatales para niñes por parte del MINSAL: sólo una semana antes de que la Ley entrara en vigencia, el Ministerio de Salud convocó a una reunión a las organizaciones trans para presentar una propuesta. Al día de hoy, el Estado aún no ofrece ningún programa de acompañamiento a niñes trans. Menos aún se concreta una solución a estas problemáticas para personas adultas. 
4. Vulneración del principio de trato digno: hoy se mancilló la dignidad de nuestro compañere Noah Blanco López Gutiérrez, al entregarle una cédula de identidad con el nombre y sexo registral anterior, pese a haber realizado todos los trámites de manera correcta previstos en la ley. Vale destacar que Noah realizó un acto de protesta en el Registro Civil de San Miguel, en Santiago; al taparse un ojo frente al ministro Hernán Larraín Fernández, el pasado 16 de diciembre de 2019, día que comenzó a realizarse la solicitud de audiencias para el cambio de nombre y sexo registral. 

Estas situaciones irregulares, de descoordinación, ausencia de presupuesto, falta de capacitación en los diversos órganos del Estado que deben dar respuesta a esta ley y a su implementación, deben acabar ya. Como lo mencionamos en nuestra comunicación pública del 27 de diciembre pasado, la ley de identidad de género es sólo un primer paso en el largo camino hacia la igualdad en dignidad y derechos de la disidencia de género, y es una normativa insuficiente que prontamente requerirá mejoras a través de una LEY INTEGRAL TRANS que asegure, entre otras cosas, el reconocimiento a la identidad de niñes trans y de su autonomía progresiva; que garantice mecanismos de inclusión laboral y educacional, y una educación no sexista que termine con la segregación por el binarismo de género; que garantice la salud, el acceso a la justicia y a la vivienda; que impulse programas para las personas de la tercera edad que viven situaciones de precariedad en cárceles y en las calles; que tipifique el delito de transfemicidio, y que reconozca y repare la discriminación crónica que las personas trans hemos vivido a lo largo de los años.
Por todo lo anterior, exigimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al Servicio de Registro Civil e Identificación, disculpas públicas a las personas afectadas, en particular a Noah Blanco López Gutiérrez y a toda la comunidad trans en general, comprometiéndose a cumplir con sus deberes y garantizar la no repetición de este acto vil que vulnera el derecho humano a la identidad.