(Santiago de Chile, 27 de octubre de 2021).- Respondemos públicamente a la sociedad y aclaramos que la solicitud de información del diputado Cristóbal Urruticoechea a los Ministerios de Salud y de Hacienda en el mes de julio de 2021, así como a una serie de hospitales públicos del país, no es solo una persecución y ataque contra OTD Chile sino también un evidente hostigamiento en pro de criminalizar a las organizaciones, instituciones, universidades, fundaciones, dirigentes, activistas, colectivas que trabajan por los DDHH y especial en contra de quienes luchamos por la comunidad trans y diversidades y disidencias sexo-genéricas.
Defendemos el derecho al acceso a la información pública, sin embargo, en este contexto las intenciones son maliciosas, recordemos que hace unos días también se dio a conocer que el día 9 de julio del presente año los diputados Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen solicitaron a la Universidad de Chile y a la Universidad de Santiago de Chile que informaran “sobre recursos, centros, programas y planes de estudio que se refieren a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características e individualizando a los funcionarios o docentes que están a cargo de ellos” y son los mismos que a fines de mayo del presente, ingresaron proyecto de reforma constitucional para prohibir el lenguaje inclusivo en el sistema educacional.
No tenemos nada que temer respecto a nuestros escasos recursos económicos. Durante 6 años de existencia hemos desarrollado sólo dos proyectos con el Estado de Chile: puntualmente con INJUV y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esto puede ser consultado por la ciudadanía en cualquier momento.
Absurdo que soliciten una rendición de cuentas al Estado en relación a los aportes que destinan a la comunidad trans, cuando este jamás ha brindado ayudas directas, es más, en 2020 se evidenció aún más a través del #Covid-19 la precariedad y marginación en la que se encuentran las personas trans y no binarias en Chile; sin oportunidades laborales, acceso a salud, vivienda y educación; por nombrar algunos DDHH fundamentales que todavía, después de aprobada la ley 21.120 (Ley de Identidad de Género), no se garantizan. No hemos recibido ni una caja de mercadería por parte del Estado. Es más, las que entregó nuestra Unidad Social, fueron financiadas con aportes privados, mientras este gobierno retiraba a la orientación sexual y la identidad de género como indicadores en la comprensión multidimensional de la pobreza de la encuesta CASEN, lo que a todas luces es un retroceso en los contados reconocimientos que la institucionalidad ha tenido con nuestra comunidad.
Resulta indignante que se cuestionen los fondos públicos que reciben organizaciones de la comunidad LGBTIQANB+, quienes históricamente hemos sido condenades a vivir en la pobreza, sufriendo actos de discriminación, segregación, violencias, crímenes de odio, además es lametable que el objetivo de estos diputados no sea proponer políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las disidencias, sino que sea una forma velada y mañosa de cuestionar el derecho la identidad de todas las personas, lo cual además es un derecho humano.
Señalamos que en esta estrategia existe un paralelismo con lo ocurrido en Brasil, donde el gobierno fascista y homolesbotransodiante de Bolsonaro ha hecho todo lo posible por acallar las voces feministas, trans, no binarias, intersex y de todas las disidencias sexogenéricas, al retirar financiamiento a los estudios críticos de género, tan necesarios en las universidades, espacios donde todos los saberes deben tener cabida, contribuyendo a la democracia y la participación de todos los sectores de la población.
Ojo con la desinformación: los $947 millones recién propuestos en la actual tramitación de la ley de presupuestos 2022, con el título de partida “Programas de acompañamiento que establece la Ley de Identificación de Género en ningún caso estarán destinados a las organizaciones, sino que a 29 duplas psicosociales cuya función será ejecutar los programas de acompañamiento de la ley de identidad de género, que se aprobó sin destinar un solo peso a su ejecución.
Denunciamos que estos diputados pretenden además crear una peligrosa lista de grupos perseguidos con sus solicitudes, por ello nos preguntamos ¿por qué quieren saber quiénes son las personas que acceden a la terapia de reemplazo hormonal (TRH)? ¿Para perseguirlas, publicar su nombres y exponerlas al escarnio público y a más violencia y discriminación? Esto ha sido lejos, la más grave persecución que una autoridad pública ha realizado en contra de la población trans, y la rechazamos por vulnerar el derecho constitucional a la privacidad, la ley de protección de datos sensibles y de derechos y deberes del paciente, además de la ley identidad de género.
El gran beneficiado en todo esto es el candidato José Antonio Kast y la extrema derecha chilena, que han impuesto una agenda de ataques y discursos de odio contra quienes defendemos los DDHH en el país y contra las comunidades más vulnerables, hace poco sus palabras en las RRSS provocaron la quema de enseres de personas migrantes y refugiadas en Iquique, personas a las que criminaliza abiertamente en medios de comunicación. Recordemos que Kast como vocero de Alliance Defending Freedom (ADF) denunció en México en 2017 “el abuso que ha cometido en el último tiempo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respecto de dictar órdenes y circulares ejecutivas para promover una agenda de género que sale del marco legal de la OEA y pretende instalar una agenda distinta, no solo en la OEA, sino respecto de cada uno de los países integrantes”, pueden consultar detalles en la investigación periodística desarrollada por Ciper junto a 16 medios de comunicación de 13 países.
Hoy las personas trans enfrentan severas barreras en el acceso a la salud, exponiéndolas al tráfico de hormonas en el mercado negro y al uso de silicona industrial, que en muchos casos ha terminado con la vida de personas trans. Además, hace años que estamos luchando para que este tipo de tratamientos sean reconocidos como derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y así terminar con la patologización de nuestras vidas, lo que históricamente ha sido usado para justificar las violencias que inciden en el desproporcionado riesgo suicida que afecta a nuestra comunidad. Sin ir más lejos, esta misma semana hemos recibido la denuncia de que el psiquiatra Patricio Cardemil, del Hospital de Base de Valdivia, ha aplicado métodos inhumanos dentro de los esfuerzos por cambiar la identidad de género de una persona trans, entre los que se incluyen terapias de electroshock y la administración de drogas y sedantes sin el consentimiento de la persona. Hoy exigimos, no sólo la salida del/de los responsables en este caso, sino que también que se dé suma urgencia al proyecto de reforma a la ley antidiscriminación, que en su segundo trámite constitucional declara como ilegales las terapias de conversión. En este punto, valdría preguntar e indagar si el Estado de Chile invierte en programas y terapias de conversión que buscan cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad de género.
Por todo lo anterior, somos orgullosamente parte de la articulación del Bloque Salud Trans para Chile, en el que en conjunto a colegios profesionales, a la No-red de profesionales por una slaud trans, y una serie de organizaciones de personas trans y no binarias de todos los territorios, estamos exigiendo un programa integral de acceso a la salud para personas trans y de género no conforme, porque lo que nos motiva es sólo una cosa: salvar vidas.
La Encuesta T, primer catastro sobre personas trans que realizamos el 2017 con apoyo de la Embajada de EEUU en Chile, arrojó que un 56% de las personas trans han intentado suicidarse al menos una vez, y de ese grupo, el 84% de los intentos de suicidio ocurren antes de los 18 años.
Desde la población trans y disidente del género, decimos: no nos amedrentarán. Pese al tremendo impacto emocional que tiene esta persecución sobre todas nuestras comunidades y nuestras vidas, sabemos que es resultado de que vamos por ancho camino, y a todes les decimos, no estamos soles. El acceso a las tecnologías médicas que permiten los tránsitos de género enfrentan las mismas desigualdades de clase que el resto de las prestaciones médicas, y ello debe terminar en el nuevo Chile feminista que soñamos. Actualmente, es posible acceder a este tipo de cirugías en el sistema privado de salud, siendo el financiamiento por parte de las Isapres, incluso obligatorio. En el sistema público, por su parte, también se han realizado desde hace varios años estas intervenciones en algunos hospitales que cuentan con personal médico capacitado. Por tanto, es una tecnología médica que ya existe en nuestro país y respecto de la que es necesario impulsar una política nacional, como la que sugiere el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU dentro de sus observaciones sobre salud sexual y reproductiva. Esto es materia de derechos humanos, y desconocer los pronunciamientos internacionales en la materia, es negacionismo.
Video de la respuesta pública junto a Todo Mejora, Oficina de Diversidad y Género de la Colmed y Migración Diversa
Descarga el documento con las firmas aquí
