Ginebra / Washington, DC.- En el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Bifobia y otras formas de intolerancia basada en la orientación sexual, la identidad y / o la expresión de género y las características sexuales (IDAHOTB), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dos expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas * instan a los Estados y a actores de la sociedad civil a tomar todas las medidas necesarias para prevenir y contrarrestar todas las formas de promoción que constituyan incitación a la violencia, hostilidad y discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, e intersexuales ( LGBTI) y a garantizar su derecho a una vida libre de toda forma de violencia.
La incitación a la violencia contra las personas LGBTI se basa en prejuicios en razón de su orientación sexual, identidad de género y / o expresión y diversidad corporal. Los discursos de odio contra las personas LGBTI con frecuencia les describen como enfermas, desviadas, propensas a la delincuencia, inmorales, socialmente inestables y como una amenaza para niños, niñas y adolescentes. Estos discursos aumentan los prejuicios y la intolerancia y conducen a la discriminación y a la violencia.
Los mensajes de odio contra las personas LGBTI son más visibles durante los debates públicos, las manifestaciones contra la igualdad de derechos, las protestas contra los desfiles de orgullo y los mítines. Los mensajes ofensivos que buscan la supresión de referencias a las diversas orientaciones sexuales no normativas y las identidades de género, así como una limitación de los derechos humanos de las personas LGBTI, también se difunden a través de medios de comunicación, Internet e incluso videojuegos y música. Como resultado, el progreso hacia la erradicación de la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI se ha detenido en varios países alrededor del mundo, y diversas iniciativas legales y políticas discriminatorias se han puesto en marcha.
Sumase a eso que, en algunos Estados, existen leyes que prohíben las discusiones sobre orientación sexual e identidad de género, ya sea en espacios públicos, en entornos educativos o en presencia de niños, niños, niñas y adolescentes. Además, algunos movimientos anti- derechos no solo se oponen a la enseñanza de los principios de igualdad y no discriminación sobre la base de orientaciones sexuales e identidades no normativas, sino que también incitan al odio y apelan a medidas legales para censurar cualquier tipo de discusión sobre estos temas.
La combinación de prejuicio social y, en algunos casos, el uso de leyes penales destinadas a negar la existencia de orientaciones sexuales no normativas e identidades y expresiones de género, tiene el efecto de marginar a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de género diverso, restringiéndoles de sus derechos humanos, así como excluyéndoles de servicios esenciales, como atención médica, educación, empleo y vivienda, entre otros.
Para combatir el discurso de odio y para cumplir con su obligación de crear un espacio propicio para el derecho a la libertad de expresión para todas las personas, los Estados deben promulgar leyes que prohíban la promoción del odio que constituya una incitación a la violencia o la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y/o expresión de género y características sexuales. Además, los Estados deben contrarrestar los discursos de odio hechos por funcionarios públicos y políticos. Esto se puede hacer no solo a través de medidas administrativas, sino también alentando a dichas figuras públicas a expresarse en contra del odio y el prejuicio.
Además, los Estados deben trabajar activamente hacia la promoción de políticas que garanticen tanto el derecho a la igualdad y la no discriminación, la libertad de expresión, y el derecho a vivir una vida libre de violencia mediante la promoción de la tolerancia, la diversidad y las opiniones pluralistas, que son el centro de sociedades pluralistas y democráticas.
Para ello, se debe proteger el espacio civil y crear un ambiente seguro, donde las personas LGBTI puedan expresar sus opiniones sin temor a represalias o violencia. Los Estados tienen el deber de abordar la desinformación y los prejuicios relacionados con las personas LGBTI y sus identidades.
Los Estados deben promover puntos de vista positivos y realistas sobre las identidades LGBTI y sus experiencias de vida. Esto se puede hacer a través de campañas públicas diseñadas para este objetivo y alentando a actores privados e interesados, como los medios de comunicación y las empresas, no solo de abstenerse de reforzar los puntos de vista estereotipados y perjudiciales sobre las personas LGBTI, sino también en participar en el periodismo que cuenta historias que proporcionan una visión realista de quiénes son las personas LGBTI.
Finalmente, diferentes organismos de derechos humanos han recomendado la inclusión de materiales informativos en los currículos educativos para combatir los estereotipos que exacerban la discriminación contra las personas LGBTI. Así que, la sensibilización, desde una edad temprana, sobre la violencia sufrida por estas personas mediante la aplicación de una educación basada en los derechos humanos es una de las formas en que los Estados pueden intervenir y abordar el estigma contra las personas LGBTI. Tanto la educación formal como la no formal pueden utilizarse como una herramienta para fomentar una cultura de respeto hacia las diferencias, actuar contra los prejuicios y la incitación al odio que se basan en la premisa de la inferioridad de grupos históricamente discriminados, como las personas LGBTI, así como promover el respeto y la dignidad para todas las personas.
Hacemos un llamado a los Estados, a los actores de la sociedad civil y a otras partes interesadas para promover la tolerancia con respecto a las diversas orientaciones sexuales y las identidades de género y a pronunciarse en contra del prejuicio y el odio.
(*) Los expertos:
Sr. Victor Madrigal-Borloz, Experto independiente sobre protección contra la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género, Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión.
