Cancún, México, 19 de junio de 2017
Señor Secretario General, Señoras Ministras y Señores Ministros, integrantes de las delegaciones oficiales, colegas de la sociedad civil:
Las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersex (LGBTTTI) reunidas en Cancún, del 16 al 18 de junio de 2017 conforme a las directrices establecidas por la Asamblea General de la OEA que determinan un marco normativo para aumentar y fortalecer la participación de la Sociedad Civil en la OEA y en el proceso de Cumbres de las Américas, expresamos que:
Seguimos sometidas a violencias estructurales de todo tipo, en el plano de la legislación, la exclusión social y económica, el accionar arbitrario y abusivo de los cuerpos de seguridad del Estado y la persistencia de prejuicios, estigmas y discriminación. Vemos gravemente vulnerados nuestros derechos de acceso al trabajo, educación, salud, crédito, vivienda, seguridad social, a la justicia y a formar familias y que éstas reciban pleno reconocimiento legal.
La persistencia de prejuicios sobre la orientación sexual e identidad de género diversas impiden una prevención efectiva a las violaciones a los derechos humanos y otros abusos que se perpetran contra la población LGBTTTI. A pesar del creciente número de medidas adoptadas en los países de la región para reconocer nuestros derechos humanos, no se ha avanzado de manera significativa en la eliminación de la discriminación y la erradicación de los crímenes por prejuicio ante los que es manifiesta una ausencia de marco legal efectivo de protección.
La falta de capacitación de funcionarios/as encargados/as de dirigir las investigaciones, genera que se trasladen sus prejuicios personales a las hipótesis de investigación criminal, desconociéndose la obligación de investigar con debida diligencia.
Siguen estando vigentes en diez países del Caribe leyes que criminalizan y prohíben las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Asimismo, algunos países del Caribe prohíben a las personas vestirse con ropas de otro sexo “con fines impropios”, así como el ingreso de extranjeros en razón de su homosexualidad. Sin duda todas estas leyes son violatorias de derechos humanos.
Asimismo, la mayoría de los países de la región todavía no cuentan con leyes que reconozcan la identidad de género y que garanticen el acceso a las personas trans, de todas las edades, a todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Niñas, niños y adolescentes, quienes por su edad son mucho más vulnerables a la violencia, corren el riesgo de expulsión de sus hogares, no cuentan con garantías en los centros educativos y no pueden acceder a una adecuada atención de la salud para afirmar su género.
Los movimientos fundamentalistas religiosos pretenden negar y desconocer nuestros derechos, a través de campañas publicitarias, políticas y jurídicas que promueven una ideología de género de imposición binaria y basada en estereotipos. Resulta de especial preocupación las propuestas legislativas, que como en el caso de Guatemala, pretenden que la libertad de consciencia se convierta en argumento para que se pueda infringir la vida, la integridad y la dignidad de personas y de grupos históricamente discriminados.
En este sentido, se ha promovido una visión del Estado comprometida con manifestaciones e interpretaciones religiosas de los ordenamientos jurídicos, que constituyen una clara afrenta contra el Estado laico como garantía de los derechos humanos de todas las personas, pero de manera especial, de los grupos históricamente discriminados. Iniciativas para establecer modelos únicos y excluyentes de familia basados en concepciones religiosas protegidos por los Estados, representan un retroceso grave para los derechos humanos. En particular, es grave el efecto que los actores religiosos están teniendo en la obstaculización de los programas de educación sexual integral, herramienta que es parte de los derechos sexuales de las y los adolescentes y que es clave para eliminar prejuicios y promover una cultura de respeto y no discriminación.
Por otra parte, nos preocupa además la alta prevalencia del VIH en las Américas. El Caribe, por ejemplo, tiene la segunda tasa de mayor prevalencia del VIH a nivel mundial, una estadística alarmante que tanto la ONU como otras agencias han atribuido en parte a la homofobia y transfobia que aleja a los hombres gays, a otros hombres que tienen sexo con hombres y a personas trans del tratamiento efectivo para la prevención y cuidado del VIH. Este panorama se agrava con las leyes en el hemisferio que penalizan la exposición, la transmisión y el hecho de no revelar el estatus de VIH.
En los últimos años, la criminalización del consumo personal de drogas y las políticas de lucha contra el narcotráfico se han venido aplicando de modo selectivo para criminalizar a las personas trans y a las trabajadoras y trabajadores sexuales, quienes ya son vulneradas por la aplicación de leyes penales que prohíben las actividades vinculadas al trabajo sexual.
En virtud de lo anterior demandamos
Que los Estados Miembros:
1. Firmen y ratifiquen la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, así como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
2. Adopten legislaciones y políticas públicas conforme a los compromisos asumidos en las resoluciones “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género” aprobadas por las anteriores asambleas generales.
3. Creen o fortalezcan las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos e implementen programas educativos que desarrollen una cultura de derechos humanos basada en el principio de igualdad y no discriminación con base en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y diversidad corporal.
4. Adopten medidas que aseguren el acceso a la justicia y garanticen el debido proceso de las personas sin discriminación por orientación sexual e identidad de género.
5. Tomen medidas para investigar, juzgar y sancionar con la debida diligencia a agentes estatales involucrados en violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTTTI.
6. Adopten estrategias de salud integral y específica para poblaciones LGBTTTI, con particular énfasis a las necesidades diferenciadas de las personas trans e intersex.
7. Revisen sus marcos legislativos derogando leyes que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, la utilización de prenda de vestir tradicionalmente asociadas a otro género, y cualquier otra legislación que criminalice y discrimine directa e indirectamente a las personas LGBTTTI.
8. Adopten leyes que reconozcan la identidad de género de las personas trans y leyes que reviertan su exclusión sistemática, como las de cupos laborales para personas trans que se han logrado en distintos países de la región.
9. Promuevan la implementación de la educación sexual integral en todos los niveles de enseñanza como parte de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
10. Se comprometan con la defensa y promoción del Estado Laico, como una garantía fundamental para el sostenimiento de la Democracia, el Estado de Derecho, y el respeto de los derechos humanos de las personas LGBTTTI.
11. Deroguen las leyes que penalizan el uso de drogas y analicen modelos apropiados para la legalización y regulación de las sustancias que actualmente son ilegales, como parte de un enfoque de salud pública basado en la evidencia para las políticas de drogas.
12. Deroguen toda ley que penalice no revelar el estatus de VIH, su exposición y transmisión. Asimismo, que los Estados limiten el uso de la ley penal para casos de transmisión intencional del VIH, de acuerdo con las recomendaciones internacionales.
13. Deroguen todas las leyes penales que criminalizan el trabajo sexual, porque ponen en peligro la vida, salud y seguridad de lxs trabajadorxs sexuales y adopten medidas legislativas para garantizar que los derechos humanos, la seguridad y la dignidad de lxs trabajadorxs sexuales sean respetadas, protegidas y garantizadas.
14. Que los Estados de América Central y del Norte tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de personas, incluyendo con énfasis en grupos en particular situación de vulnerabilidad, en relación con las violaciones a derechos humanos de personas en movimiento.
15. Que los Estados de la OEA provean de recursos suficientes y adecuados a la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, y que cumplan con las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano.
Que la Asamblea General:
– Incluya en su Resolución sobre Derechos Humanos, la sección relativa a Orientación
Sexual e Identidad y Expresión de Género y Características Intersex.
Que la Secretaría General:
– Redoble los esfuerzos para promover la firma y ratificación de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, así como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
