Se debe reformar el procedimiento legal para el reconocimiento de la identidad de género.
(Tokio) – El gobierno de Japón debería dejar de obligar a las personas transgénero a ser quirúrgicamente esterilizadas si desean el reconocimiento legal de su identidad de género, afirmó Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Requerir una intervención médica como condición para que su identidad de género sea reconocida legalmente viola las obligaciones de Japón en materia de derechos humanos y va en contra de los estándares médicos internacionales.
El informe de 84 páginas, “‘A Really High Hurdle’: Japan’s Abusive Transgender Legal Recognition Process” (“‘Un obstáculo grande’: el abusivo proceso de reconocimiento legal de la identidad de género en Japón”), documenta cómo la Ley japonesa de Casos Especiales de Desorden de la Identidad de Género (GID, por sus siglas en inglés) perjudica a las personas transgénero que desean ser reconocidas legalmente pero no pueden o no quieren someterse a procedimientos médicos irreve.
“Japón debería defender los derechos de las personas transgénero y dejar de obligarlas a someterse a una cirugía para ser legalmente reconocidas”, dijo Kanae Doi, directora de Japón de Human Rights Watch. “La ley se basa en una premisa obsoleta que trata la identidad de género como una denominada ‘enfermedad mental’ y debería revisarse con urgencia”.
En Japón, las personas transgénero que desean cambiar legalmente su género deben apelar ante un tribunal de familia en virtud de la Ley GID, adoptada en 2004. El procedimiento es discriminatorio, ya que los solicitantes deben ser solteros y no pueden tener hijos menores de 20 años, además deben someterse a una evaluación psiquiátrica para recibir un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” y son obligados a esterilizarse. Esto es regresivo y perjudicial. Los requisitos se basan en una idea obsoleta y peyorativa de que una identidad transgénero es un problema de salud mental, y obliga a las personas transgénero a someterse a procedimientos médicos prolongados, costosos, invasivos e irreversibles.
El informe se basa en entrevistas a 48 personas transgénero, así como a abogados, proveedores de salud y académicos de 14 prefecturas de Japón.
Diversas personas transgénero aseguraron a Human Rights Watch que la ley de Japón infringe sus derechos. Un hombre transgénero dijo: “No quiero [someterme a una cirugía], la verdad. Sin embargo, tengo que hacerlo porque es un requisito (…) me siento presionado para operarme; es terrible”.
Otros explicaron las concesiones que se sintieron obligados a hacer. “Por supuesto que quiero cambiar el género en mi registro familiar oficial y tener relaciones con mi pareja”, dijo una mujer transgénero en Tokio. “Pero los obstáculos que tengo que superar son demasiado grandes”.
En los últimos años, los tribunales regionales de derechos humanos y otros organismos de derechos han dictaminado que los requisitos legales como el de Japón violan el derecho internacional de los derechos humanos. En 2013, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura observó que exigir a las personas transgénero “a someterse a cirugías de esterilización a menudo no deseadas como un requisito previo para disfrutar del reconocimiento legal de su género de elección” constituye una violación de los derechos humanos e instó a los gobiernos a prohibir la práctica.
Expertos médicos han instado a los gobiernos a eliminar los requisitos médicos del reconocimiento legal del género.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) en la que elimina los “trastornos de identidad de género” de la sección de “trastornos mentales”. La Asociación Americana de Psicología hizo lo mismo en 2012.
La nueva edición de la CIE se presentará a los países miembros de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2019 para su aprobación. Replantea los “trastornos de identidad de género” como “incongruencia de género”, y traslada el diagnóstico del capítulo sobre “trastornos mentales” a un capítulo sobre salud sexual.
En enero de 2019, la Corte Suprema de Japón, que se pronunció sobre el caso de un hombre transgénero de 43 años que no quería ser esterilizado, confirmó la decisión de un tribunal inferior de que el requisito de esterilización no violaba la Constitución japonesa. Sin embargo, el tribunal de cuatro jueces señaló que “no se puede negar que hay un aspecto en el que el derecho a que el cuerpo físico no se vea invadido está siendo restringido”.
Dos de los jueces reconocieron la urgencia de la situación y la necesidad de reformar la ley. “El sufrimiento que enfrentan [las personas transgénero] en términos de su identidad también es motivo de preocupación para la sociedad, la cual se supone que acepta la diversidad”, escribieron los dos jueces en su opinión concurrente. Concluyeron que para las personas transgénero, “poder recibir dictámenes sobre cambios en el reconocimiento del estatus de género (…) es un importante, quizás incluso urgente, beneficio legal”.
El gobierno central de Japón ha dado en los últimos años varios pasos positivos hacia el reconocimiento y la protección de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), señaló Human Rights Watch.
El Ministerio de Educación publicó una “Guía para maestros” en 2016 que describe cómo tratar a los estudiantes LGBT en las escuelas. En 2017, el ministerio anunció que había revisado la política nacional de prevención del acoso escolar para incluir a los estudiantes LGBT.
En 2018, en previsión de su papel como anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2020, el Gobierno Metropolitano de Tokio aprobó una ley que establece que “el [gobierno de la ciudad], los ciudadanos y las empresas no pueden discriminar indebidamente en función de la identidad de género o la orientación sexual”. Japón también ha votado a favor de dos resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia y la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género.
“La Corte Suprema planteó serias dudas sobre la ley japonesa de reconocimiento legal de género” dijo Doi. “El gobierno necesita revisar sus leyes para cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y normas médicas internacionales”.
