“Sindicato Amanda Jofré Cerda”, “Asociación OTD”, “Juntos Contigo”, “Transitar”, “Iguales” y “Todo Mejora”, emitimos la presente declaración de unidad sobre el proyecto Ley de Identidad de Género, que se está tramitando actualmente en el Senado (Boletín 8924-07).
La discusión de esta Ley lleva más de tres años de tramitación, perdiéndose de vista una realidad urgente: un segmento de la población aún no cuenta con el derecho al reconocimiento de su identidad. Como consecuencia de no contar con este derecho fundamental, nuestra comunidad está expuesta a la discriminación, exclusión y hasta la muerte. Esta Ley no resolverá todas las brechas económicas, sociales y culturales, pero es el primer paso para la protección efectiva de nuestros derechos humanos.
Para comprender, la vivencia de la identidad de género está radicada en el fuero interno, es íntima, personal, intransferible y no diagnosticable, tal como lo han señalado los “Principios de Yogyakarta” junto con innumerables recomendaciones internacionales.
Aún no se dimensiona el trasfondo que esta ley representa y se ha entendido desde una perspectiva valórica y no de Derechos Humanos; como tampoco se ha considerado la lucha global de las comunidades trans por la despatologización de sus identidades. Evidenciamos el actuar temeroso de nuestros Senadores, que han dilatado esta discusión sin conciencia y han prestado atención a grupos e intereses que arbitrariamente deciden estar “en contra” de reconocer a personas con las que de facto conviven.
Esta falta de empatía tiene como causa el desconocimiento de la realidad que viven las comunidades trans locales, los antecedentes en derecho comparado y las investigaciones, estudios y testimonios acerca de la etapa de la niñez trans. Frente a ello, las comunidades y organizaciones Trans han solicitado reuniones a través de la Ley de Lobby, las cuales han sido rechazadas innumerables veces. Pese a esto, hemos incidido en el desarrollo de este proyecto tanto en el Congreso, en el Gobierno y en la Corte Suprema, y hemos avanzado:
- Estableciendo un trámite administrativo para personas mayores de 18 años sin vínculo matrimonial, tal como la misma Corte Suprema ha avalado, basado en la autodeterminación de cada persona.
- Estableciendo una diferenciación etaria entre Niñas y Niños, y Adolescentes basada en la “Autonomía Progresiva” consagrada en la Convención de los Derechos del Niño, que se traduce en que personas mayores de 14 años con el acompañamiento de sus padres o representantes accedan por vía administrativa al cambio registral del nombre y sexo, mientras niños y niñas menores gestionen el cambio en tribunales de familia.
Ante este escenario es que las organizaciones y comunidades firmantes decidimos tomar una postura única. No daremos un paso atrás de lo logrado con el Ejecutivo y nos plegamos al segundo informe complementario aprobado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, el cual fue evacuado con fecha 20/10/2016, el cual representa lo mínimo que aceptamos de este trámite legislativo. A su vez, hacemos el llamado a la Comisión de DDHH del Senado a rechazar las indicaciones del boletín emitido el 21/11/2016, así como instamos al Ejecutivo a no presentar más indicaciones.
El foco de las comunidades trans será siempre, lograr una Ley de Identidad de Género que NO Patologice, que garantice el Reconocimiento de la Identidad de Género para todas las personas independiente de su edad y que esté acorde a los más altos estándares internacionales en materias de Derechos Humanos.
