El pasado 31 de octubre Vicente González Lorca, joven trans masculino de 25 años, fue asesinado, robado y presuntamente violado en Valdivia. El autor es Víctor Abarca Díaz (58 años) que fue aprehendido el domingo 1 y procesado el lunes 2 de noviembre; de acuerdo a informaciones oficiales brindadas por la Brigada de Homicidios de PDI de Los Ríos y el fiscal Carlos Bahamondes.
Si bien la detención del asesino se produjo en poco tiempo, levantamos la alerta sobre el curso que seguirá el proceso de justicia que debe aplicar los agravantes penales de la Ley Antidiscriminación 20.609 y el Artículo 390 TER, número 4 de la Ley de Femicidio 21.212.
Dicha alerta es detonada porque el asesinato de Vicente expone una vez más una estructura que poco y nada ha hecho para transformar las condiciones que sostienen la violencia a diversidades y disidencias sexuales y de genéro, que implican, entre otros, a policías, medios de prensa, autoridades gubernamentales y tomadores de decisión. Es por esto que denunciamos:
- La falta de prolijidad en la entrega de la información, pues tanto PDI como medios de comunicación difundieron de manera errónea y negligente el “nombre muerto” de Vicente, presentándole como mujer, esto es gravísimo porque su identidad y expresión de género -cuestión notoria y reconocida públicamente- es crucial para esclarecer un posible crimen de odio.
- La indolencia, inacción y con ello la complicidad con la violencia de autoridades gubernamentaes y tomadores de decisión, que pese a las oleadas de crímenes contra disidentes sexuales y de género, trans, lesbianas, homosexuales, se niegan a reformar la ley que establece medidas contra la discriminación y restan importancia y gravedad a discursos y crimenes de odio. Esto conlleva una total inexistencia de políticas destinadas a proteger a las disidencias de sexo y género dejándolas en la total indefensión, los que hace al gobierno y autoridades responsables de estas violencias y odio estructural, cuestión que se amplía al analizar interseccionalmente la operación de marcadores de desigualdad que conjuntamente sostienen prácticas lesbotranshomofóbicas, racistas, sexistas y clasistas.
Este contexto evidencia la falta de atención a las demandas que los colectivos disidentes sexuales y de género han expuesto hace décadas, cuestión que no solo vulnera derechos, sino que excluye nuestras voces de los contenidos que les constituyen. De esta forma volvemos a exigir:
- Que se corrija la errónea inscripción del nombre de Vicente en los medios de prensa y se emplee pronombres masculinos, independiente del nombre que aparece en su cédula de identidad. Asimismo exigimos que estos equívocos no vuelvan a ocurrir;
- Que las políticas no discriminatorias contemplen una institucionalidad autónoma que comprenda la discriminación como un problema público y no sólo como un procedimiento privado;
- Que se profundicen los alcances de las acciones que se intentan realizar en torno a discursos y crímenes de odio. La falta de legislación acorde y eficiente en esta materia ampara la ejecución de crímenes de odio. En este sentido es incuestionable la relación entre discursos que, por ejemplo, no respetan la identidad de género y la defensa existente en torno a una “libertad de expresión” que niega y desconoce cómo los crímenes de odio son sostenidos por una estructura discursiva presente en la policía y prensa -como ha sido en este caso- y en otras instituciones como las eclesiásticas, políticas, entre otras. Una libertad de expresión que no cuestiona aspectos como el mencionado, favorece, entre otros, que se entienda que un crimen de odio es una responsabilidad individual no vinculada a las condiciones socioculturales, políticas, económicas que están en la base de su ejecución.
El asesinato de Vicente viene a aumentar las terribles cifras del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés) de Trans Respect vs Transphobia (TvT) que entre 2018 y 2019 registró 331 asesinatos de personas trans y género-diversas en el mundo; todo esto sostenido por una estructura legal incoherente con las necesidades detectadas por los colectivos de personas trans; permitido por tomadores de decisiones que admiten discursos de odio por una supuesta defensa de la libertad de expresión, naturalizando prácticas discriminatorias en ámbitos familiares, educativos, laborales, comunicacionales. Esto favorece la recurrencia de tratos vejatorios, torturas, agresiones sexuales y asesinatos como el de nuestre compañere Vicente González Lorca.
Finalmente, cuando las políticas públicas no se construyen en función de las demandas de las personas afectadas, no sirven de nada; sólo son producto de privilegios de las élites que irresponsablemente analizan las causas por las cuales se nos violenta, lo que perpetúa la condena a cuerpos trans, lésbicos, disidentes sexuales, afrodescendientes, migrantes, pueblos originarios, entre otras corporalidades no hegemónicas y nuestra permanencia al margen de los proyectos de igualdad y justicia social.
¡Justicia para Vicente González Lorca!
Adherimos a esta carta
ORGANIZACIONES
Acción Gay
Asamblea Lesbofeminista RM.
AseArroChile
Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM)
Asociación OTD Chile (Organizando Trans Diversidades)
Centro de atención integral Ayün
Colectiva Cultural Equidad y Género
Equilibrio Trans
Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad
Las3 AbisaLes
Lelapp
Neutres Chile
Reconstruyendo Espacios
Sindicato Trans Amanda Jofré
Universidad de Chile
PERSONAS
Alejandra Soto
Claudia Díaz
Constanza Valdés
Danilo Urbina Peña
Diosceline Camacaro Martínez
Fernanda Seguel
Gabriela Soto
Guillermo Rodríguez
Jonathan Ramirez
Lorena Berrios
Lucha Venegas
Magdalena Andrade
Marco Ruiz Delgado
Margarita Bustos
Michael Zaretti
Natalia García
Nicolás Fuentes Acuña
Noah Blanco López Gutiérrez
Nolberto Vio
Rodrigo Bustos
Savka de Plutón
Valentina Jeraldo
Valentinna Rangel
Vittorio Olavarrieta Valdés
