El principio de la no discriminación arbitraria de la Ley 21.120 establece que los órganos del Estado garantizarán que, en el ejercicio del derecho a la identidad de género, ninguna persona sea afectada por distinciones, exclusiones o restricciones que carezcan de justificación razonable, en los términos del artículo 2° de la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.
De acuerdo a lo anterior, ¿por qué es importante que esto quedara establecido? “La discriminación a las personas trans es transversal a la mayoría de espacios sociales que están divididos por género de forma binaria”, explica le coordinadore de OTD Chile, Michel Riquelme. “La discriminación ocurre de forma intencional o por omisión, cuando las autoridades o funcionaries no consideran la existencia de personas trans y no generan formas de inclusión”. Por ejemplo, exigir requisitos extras en prestaciones de salud (certificados, exámenes innecesarios, etc) o en el trabajo por tener una expresión de género no acorde a la identidad legal, etc.
Esto último es una de las mayores consecuencias de la discriminación sobre la población trans. “Donde más se discrimina es a la hora de buscar trabajo: la Encuesta T de 2017 arrojó que un 53% oculta su identidad de género al postular a nuevos trabajos, un 12% evita el tema, y un 6% buscó trabajo sólo en lugares “transfriendly””, dice el asesor jurídico de OTD Chile, Matías Valenzuela. “Otro espacio donde es en los colegios. Hemos tenido tres casos discriminación grave sólo en la comuna de Santiago, y tenemos información de muchísimos más. La Circular 0768 de la Superintendencia de Educación es ineficiente, porque establece que les apoderades deben ser quienes solicitan la aplicación de la misma”.
¿Cómo acabar con esto? “Es necesario educar a las población trans y cis sobre cuáles son los derechos de las personas y que cuales son las formas de discriminación que se cometen. También en temas de sexualidad para que la gente aprenda la diferencia entre los diferentes conceptos de la sexualidad humana. El Estado también debe sancionar de forma efectiva la discriminación y destinar los recursos económicos y logísticos suficientes para que esto se cumpla”, explica Michel.
¿Sirven las normas actuales? “No, no dan una protección real frente a la discriminación. Tampoco son leyes que destinen recursos a educar o promover una cultura contra la discriminación. Son leyes simbólicas que quizás han servido como una forma de tener más controladas las discriminaciones desde los servicios públicos, por que los funcionarios tienen miedo de discriminar a una persona y perder su trabajo. Pero con los privados, una ley sin presupuesto para poder aplicarla de forma eficiente, no funciona a menos que la persona afectada tenga los recursos para gestionar su propia defensa y llevar hasta el final el juicio y que hayan sanciones efectivas”.
¿Cuál es una buena manera de evitar que esto suceda? “Urge que, al igual que en Uruguay con su ley 19.684 y Argentina, con su ley 14.783, se establezca un cupo laboral de un 1%, al igual como ya se hizo para evitar la discriminación a personas que viven con discapacidad acá en Chile, a través de la ley 21.015. Por su parte, la ley antidiscriminación tiene muchísimos problemas, principalmente dificultades probatorias y desincentivos a la denuncia como la inexistencia de indemnización de perjuicios y el peligro de que sea el mismo denunciante el que pueda ser multado. Además, existe una especie de “jerarquización” de derechos, en que se prioriza la libertad de cultos, libertad económica y de enseñanza, por sobre el derecho a la no discriminación. Eso le puede restar todo su valor al procedimiento”, dice Matías.
Más información:
LEY 20604 ANTIDISCRIMINACIÓN CHILE
LEY 21015 CUPO LABORAL DISCAPACITADES CHILE
