Benjamín tiene 29 años, es diseñador gráfico y el 2017 comenzó su transición de género, por lo que quiso acceder a tratamiento hormonal masculinizante. Fue al consultorio de su comuna, allí le ayudaron a gestionar una hora con una endocrinóloga en el Hospital Barros Luco.
En menos de una semana, ya estaba con los exámenes médicos listos y un certificado psicológico. Sin embargo, la profesional no quiso entregarle el tratamiento sin un certificado psiquiátrico que diagnosticara su identidad de género.
“Me dijo que el certificado psicológico era muy ambiguo”, cuenta. A pesar de que se le negara el acceso al tratamiento frente a dos médicos en práctica, fue bien recibido y acudió a la unidad de psiquiatría del Hospital de la zona sur de Santiago, donde no habían horas de atención disponibles.
Ante esta situación, desde la unidad de asesoría jurídica de OTD Chile se interpuso un recurso de protección a favor de Benjamín en la Corte de Apelaciones de Santiago, contra el Hospital Barros Luco por negación del acceso a salud, el cual fue admitido en primera instancia. Sin embargo, los abogados del Hospital defendieron su postura aludiendo que el Ministerio de Salud obligaba a un examen psiquiátrico según las normas clínicas. El tribunal a cargo, falló a favor del Hospital, desestimando el recurso de Benjamín y dejándolo sin atención de salud.
Benjamín, a pesar de tener derecho a la atención de salud en el Barros Luco, tuvo que buscar atención para su tratamiento hormonal en otra institución de salud, donde no lo obligaron a realizarse exámenes psiquiátricos. Hoy está en proceso para acceder al tratamiento que quiere y espera iniciar pronto los trámites para cambiarse el nombre. Su experiencia de patologización, es la historia de muches quienes deben ser vistes por psiquiatras para ser reconocides. “Me parece ilógico, somos personas y no porque yo quiera sacar mi ser a flote me tienen que patologizar”.
Según le coordinadore ejecutive de OTD, Michel Riquelme, “tenemos mucha impotencia por lo ocurrido con Benjamín y que nos ha ocurrido a casi todas las personas trans en algún momento. Que se nos traten como enfermos mentales incapaces de decidir sobre nuestro cuerpo y se nos nieguen los Derechos Humanos básicos. Mientras los cisgénero pueden meterse hormonas sexuales y operarse todo sin ningún tipo de restricción psiquiátrica. Es un trato discriminatorio grotesco. Esto se podría evitar si tuviéramos una Ley de Identidad de Género que reconociera el derecho a la salud sin patologización o si el Ministerio de Salud actualizara la arcaica Vía de atención clínica para personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género del año 2010, que ni siquiera incorpora la Ley contra la discriminación que fue promulgada 2 años después”.
