“Si la vivienda que te da el Estado no puede ser tuya, murió el sueño de la casa propia” es una de las tantas frases que ha utilizado quienes adhieren a la opción del “Rechazo” para hacer referencia a la forma en cómo se consagra el derecho a la vivienda en la propuesta de texto constitucional entregada por la Convención Constitucional a los pueblos de Chile.
En el artículo 51 de dicha propuesta se garantiza el derecho a una vivienda libre y adecuada, el cual se compone por 5 párrafos a través de los cuales se hace cargo de abordar diversas temáticas: vida personal, familiar y comunitaria, goce universal y oportuno, habitabilidad, espacio y equipamiento suficiente, violencia de género y otras formas de vulneración de derechos, disponibilidad de suelo necesario, entre otras cosas. Muy por el contrario, la Carta Fundamental aún vigente en Chile no contiene ninguna disposición que haga alusión a este derecho, ni mucho menos el reconocerlo de manera expresa.
“1. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria.
2. El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando, a lo menos, la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficientes, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, conforme a la ley.
3. El Estado garantiza la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos, según determine la ley.”
Es aquí donde encontramos una primera debilidad en el discurso que han levantado y sostenido adherentes del Rechazo, en cuanto han sido los primeros en erigir como uno de sus argumentos el famoso “sueño de la casa propia” y cómo este borrador nos alejaría cada vez más del mismo, haciendo vista gorda al hecho que han sido ellas y ellos mismos quienes se han opuesto una y otra vez al avanzar en políticas públicas para poder garantizar viviendas dignas, adecuadas y propias a quienes habiten en nuestro país.
Probablemente los sectores más conservadores del país dirán que esto es una mentira, que siempre han estado del lado de las personas y que el Apruebo dirá lo que sea con tal de desacreditarlos… pero no, no es una mentira. Durante el mes de febrero del año 2021 se llevaron a cabo diversos debates televisados donde se abordaban diversas temáticas, entre ellas la vivienda, y una de sus participantes era Bernardita Paul Ossandón y lanzó una de las cuñas más preocupantes en ese momento, y también actualmente, sobre todo si consideramos el principio de igualdad y no discriminación (también consagrado como uno de los principios constitucionales de nuestro ordenamiento jurídico).
Para quienes no saben, Bernardita Paul Ossandón es hija de la actual diputada Ximena Ossandón, sobrina del ex alcalde de Puente Alto y actual senador Manuel José Ossandón y también prima de Manuel José Ossandón Lira, ex convencional constituyente por el distrito 12. En ese entonces, disputaba un cupo en la Convención Constitucional por el Distrito 12 de la mano de Renovación Nacional, exactamente, aquellos que hoy en día se llenan la boca hablando del sueño de la casa propia.
En uno de los tantos debates, acompañada de Romanina Morales y Sebastián Aylwin, señaló que existía una gran frustración en cuanto la asignación de subsidios habitacionales a personas extranjeras por sobre las “familias chilenas”, y que la solución a dicho problema era “apoyarlos con el subsidio de arriendo, más que darle una vivienda completa”, además de sostener que con este subsidio de arriendo se les permitiría ahorrar y que, finalmente, podrían acceder a una vivienda de forma privada, nuevamente valiéndose de un modelo subsidiario en el cual el Estado no cumple un rol de garante.
Dicha idea claramente atenta no sólo contra el derecho a la vivienda como un derecho fundamental que es inherente al ser humano, independiente de su condición migratoria, sino que también en contra de los principios de no discriminación e igualdad en el trato, en contra del derecho humano a migrar, etc. Frente a tan irresponsables declaraciones, cualquier persona hubiese esperado algún tipo de retractación (más aún si consideramos que Paul Ossandón era una trabajadora del MINVU), sin embargo, ella abrazó estos dichos y los convirtió en una de sus banderas de campaña, llegando incluso a patrocinar páginas que difundieran sus dichos: “Casas del Estado, sólo para Chilenos”.
Ahora bien, superando las contradicciones propias de los sectores más conservadores del país tales como militantes y simpatizantes de la UDI, RN, PDG, entre otros, otro de los grandes problemas que presenta el argumento del “sueño de la casa propia” es que, desde siempre, dicho sueño se ha presentado como un proyecto realizable tan sólo para ciertos sectores de la población mientras que, para otros, la vivienda propia en los términos que se presentaban hasta antes de la propuesta de la Convención Constitucional resultaba ser un triste espejismo.
Tal es la situación de diversos grupos históricamente excluidos, tal como la población trans y LGBTIQ+ en general, la cual se ha visto involucrada constantemente en disputas donde una solución habitacional se levanta como una de las principales demandas. Para no echar mano a experiencias tan antiguas, a pesar de que existen, fue a finales del año 2021 cuando el colectivo “Panteras Disidentes” procedió a la ocupación de la sede del Partido Demócrata Cristiano en Valdivia, exigiendo que las autoridades tanto regionales como a nivel central dieran una solución para aquellas personas que, literalmente, no tenían un techo donde dormir, comer, desarrollarse de manera individual, familiar y comunitariamente.
Frente a la solicitud que el bien inmueble se entregara en comodato por 30 años, mientras se diseñaran e implementaran otras medidas tendientes a solucionar la crisis habitacional del colectivo trans, la Democracia Cristiana adoptó una postura bastante crítica y radical, siendo el presidente regional de dicho partido, Gonzalo Espinoza, quién señaló: “Entendemos que estas personas no tengan dónde estar y que ocuparon nuestra sede bajo esa consigna, pero todo tiene un límite e insistimos en que deben ser otras las instituciones responsables de ayudar en la búsqueda de sedes o casas donde puedan alojar”.
En consideración de todo lo anterior, cuando escuchamos a ciertos sectores hablar con tanta propiedad del sueño de la casa propia, es imposible no pensar en qué sucedió durante los últimos 30 o 40 años que se les hizo imposible el avanzar en políticas públicas que garantizaran el acceso a una vivienda digna, adecuada y propia. Por qué deberíamos desaprovechar la oportunidad de tenerla garantizada en los términos que fue planteado no únicamente por las y los Convencionales, sino que en los términos que las organizaciones sociales que han luchado históricamente por la vivienda digna lo plantearon.
Finalmente, y en este punto de la discusión, es necesario mencionar que la Iniciativa Popular de Norma que ingresó buscando consagrar el derecho a la vivienda digna fue una de las pocas que logró mantener su núcleo intacto a través de diversas reuniones entre representantes de la Convención Constitucional y organizaciones sociales, arquitectos y otros actores relevantes. Por tanto, cuando los adherentes del “Rechazo” intentan menospreciar la redacción de este derecho fundamental, no están mirando en menos el trabajo de las y los Convencionales, sino que están posicionándose en contra de la voluntad popular, en contra del trabajo de cientos de personas que han entregado su vida en este largo y arduo camino de consagrar el derecho a una vivienda digna, adecuada y con una especial mirada hacia los grupos de personas que históricamente han visto dificultades en poder acceder a un techo donde desarrollar sus vidas.
Emile Esperguel García,
asesora jurídica Asociación OTD Chile “Organizando Trans Diversidades”.
