A raíz de los últimos acontecimientos, en que parlamentarios conservadores buscan criminalizar la práctica médica ejercida por profesionales de la salud trans, debemos señalar lo siguiente:
Rechazamos y condenamos enérgicamente toda acción tendiente a sancionar, criminalizar, limitar y erradicar los derechos de grupos históricamente vulnerados y de especial protección como lo son las personas trans.
Parlamentarios pertenecientes a bancadas políticas que históricamente se han negado al avance de derechos para la comunidad trans, hoy buscan nuevamente arremeter en contra nuestra. Esta vez mediante la persecución hacia los profesionales de la salud que a través de las atenciones realizadas a personas trans, les han logrado mejorar significativamente su calidad de vida.
Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano PSC), Juan Irarrázabal (Republicano), Gustavo Benavente (UDI) Miguel Ángel Calisto (Demócratas), Andrés Jouannet (Amarillos) Christian Matheson (Evópoli) y Ximena Osandón (RN) Presentaron una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, buscando sancionar a los profesionales médicos que atiendan personas trans, como forma de coartar la Lex Artis de los profesionales de la salud, e ignorando la evidencia científica que existe y respalda dichas atenciones, así como la ética profesional presente en todo momento.
Es importante desmentir los discursos que algunos de estos parlamentarios han emitido a los medios de comunicación, ya que han señalado a las personas trans que han accedido a intervenciones médicas como “niños”, pues cualquier persona que acceda a ellas debe ser a lo menos adolescente, y haber pasado por un proceso de acompañamiento psicosocial previo.
Así mismo, se accede únicamente a este tipo de atención con la autorización previa de sus padres o representantes legales, lo cual es defendido acérrimamente por los mismos grupos de parlamentarios cuando pretenden boicotear políticas de inclusión en las escuelas aludiendo al “Derecho preferente de los padres sobre sus hijos”.
Estaremos atentes al curso de acción que tome esta denuncia, velando siempre por el respeto de los derechos de las personas, en consideración a que las necesidades de nuestra comunidad no pueden jamás ser objeto de criminalización por parte del Estado.
