(Santiago de Chile, 15 de octubre de 2020).- Ante la nota de Radio Agricultura, que señaló falsamente que hemos respaldado el estudio exploratorio sobre crímenes de odio a la población LGBTIQ+ que lanzó ayer la Subsecretaría de Prevención del Delito, desde la Asociación OTD Chile (Organizando Trans Diversidades) declaramos lo siguiente:
1. El levantamiento de estadísticas claras, desagregadas y frecuentes sobre el estado de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, es una obligación de los Estados que han suscrito pactos internacionales de Derechos Humanos y de hecho, Chile ha sido objeto de fuertes críticas en los informes oficiales del Comité DESC de la ONU, por la inexistencia de dichas cifras, no sólo respecto a la población LGBTIQA+, sino que respecto a toda la sociedad. El INE y el MIDESO se han transformado en un aparato burocrático al servicio de los intereses de las élites económicas, de los índices de la bolsa y de la banca y no al servicio de la ciudadanía que, por si la Subsecretaria no se ha enterado, está en las calles hace un año protestando.
2. En efecto, nuestra Unidad de Legislación y Políticas Públicas asistió a reuniones convocadas por un centro de estudios de la Universidad Católica que se adjudicó los fondos de este proyecto, y planteamos fuertes críticas a un proceso que se había iniciado a principios de 2019 ante la oleada de crímenes de odio que motivaron la formación de una mesa técnica en la que expusimos nuestras demandas: nuestra principal crítica era que dentro del grupo de sociólogues a cargo de la investigación, no existía ninguna persona disidente sexogenérica que aportara, desde su identidad y experiencia de vida, con los enfoques necesarios para un estudio inédito en el país. Así como no es posible hablar y decidir sobre mujeres sin mujeres, tenemos la profunda convicción de que no es posible investigar y decidir sobre colas, trans y lelas, sin elles en el equipo investigador. La respuesta que recibimos era que la participación de las organizaciones buscaba legitimar dicha deficiencia, pero ello desconoce el hecho de que sí existen sociólogues e investigadores disidentes sexogenériques que han sido sistemáticamente excluides de espacios académicos y centros de investigación, y esto es una realidad de la que ni el gobierno ni las universidades se han hecho cargo. La exclusión de personas trans y no binarias empieza a ocurrir desde la educación preescolar, y resulta abusivo e inaceptable que, existiendo fondos para financiar un trabajo de esta envergadura, se invite a organizaciones para que hagamos las decenas de correcciones que nuestros profesionales tuvieron que hacer a las propuestas presentadas, pero que no exista ninguna disponibilidad a escuchar nuestras críticas y destinar fondos a otras deficiencias observadas.
3. Al aplicarse a través de internet, este estudio excluye a una enorme porción de la población que no cuenta con alfabetización digital o conexión permanente, que es precisamente la que más sufre discriminación, pobreza y violencia en sus entornos: esto constituye un inaceptable sesgo de clase. Propusimos que se asignaran fondos para que encuestadores presenciales, de las mismas comunidades LGBTIQA+, se instalaran en distintas zonas del país a aplicar el estudio, en especial considerando los altos índices de cesantía y precariedad laboral en las disidencias sexuales. También solicitamos que se estableciera algún tipo de incentivo para que las personas pudieran motivarse a contestar la encuesta, considerando que las personas trans más desposeídas no han recibido ni una caja de mercadería de este gobierno, así pudieran obtener algo a cambio de entregar su tiempo y experiencias, como lo hacen innumerables estudios. Ninguna propuesta fue recibida, y de hecho, la subsecretaria Martorell abandonó la primera reunión después de que representantes del MOVILH realizaron la primera intervención y no se quedó a escuchar al resto.
Por estas razones, y pese a haber contribuido con decenas de correcciones técnicas vinculadas con el lenguaje y conceptos utilizados en el estudio; no aceptamos ni que el logo de nuestra organización fuera expuesto en la página de la Subsecretaría y tampoco asistimos al lanzamiento del estudio. Creemos que el silencio de este gobierno ante los cientos de casos de violencia política sexual de mujeres y disidentes sexuales es intolerable: entre el 18 de octubre y el 11 de marzo, se han reportado 62 agresiones policiales contra personas disidentes sexogenériques (*) y esta subsecretaría no ha hecho nada por “prevenir los delitos” ejecutados por agentes del Estado. No respaldamos el actuar de un gobierno criminal responsable de la peor crisis de Derechos Humanos desde la dictadura cívico-militar, así que llamamos a toda la población a llenar las calles este fin de semana en que conmemoramos el primer aniversario de la revuelta, y a Aprobar Convención Constitucional en el plebiscito de próximo 25 de octubre: sólo en el nuevo Chile, las disidencias sexuales y de género tendremos un espacio para disputar de verdad el poder, y no aceptamos encuestas con sesgo de clase y carentes de enfoque interseccional que sólo buscan legitimar agendas de derechos siempre insuficientes y que son serviciales al pinkwashing del gobierno de turno.
¡NUNCA MÁS SIN NOSOTRES!
Asociación OTD Chile (Organizando Trans Diversidades)
(*) “Violencias a disidencias sexuales en Chile – El pre, durante y post estado de emergencia del Gobierno de Sebastián Piñera. 2o reporte”. Santiago, Chile, 24 de abril de 2020. https://bit.ly/violencia-disidencias-18oct.
