Por Constanza Valdés y Michel Riquelme.
El objetivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es la promoción y protección de los Derechos Humanos de las personas que habiten en el territorio nacional. Por eso, anualmente debe presentar un informe sobre la situación nacional de éstos al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al Presidente de la Corte Suprema.
El informe presentado en 2013 fue el primero en dedicar un capítulo a los derechos de las personas trans en Chile. En dicha oportunidad, el informe describió el panorama general de las normativas sobre identidad de género, además de referirse a la presentación del proyecto de Ley de Identidad de Género, aún en tramitación, y las candidaturas a cargos de elección popular de les trans.
El de 2017 incluyó un capítulo referido a los desafíos de la infancia trans e intersex en el ámbito de la educación y salud. A modo general, en el texto se describen vulneraciones en el acceso a la salud de niñes trans, como por ejemplo el uso nombre social y las situaciones de discriminación vinculadas con este ámbito. Asimismo, se relatan hechos de bullying hacia elles en el contexto educacional, citando a la primera Encuesta Nacional de Clima Escolar de Fundación Todo Mejora (2016).
Sin duda estos dos capítulos, inéditos por cierto, son importantes para visibilizar, sin embargo, se extraña el análisis de otras situaciones urgentes que nos afectan, como la patologización de nuestras identidades, la inclusión laboral, la reparación y seguridad social, las situaciones de discriminación en el ámbito del trabajo, las personas trans privadas de libertad, entre otras.
La falta de pronunciamiento sobre la patologización es preocupante porque sigue siendo una de las principales causas de la discriminación y discursos de odio contra la población trans. Esto se evidenció, por ejemplo, en los dichos del entonces candidato presidencial Sebastián Piñera quien expresó: “muchos casos de estos niños transgéneros, o con disforia de género, se corrigen con la edad”. Esta afirmación asume que el ser transgénero equivale a padecer el trastorno mental de disforia de género, lo que es un prejuicio instalado en muchas personas e instituciones y que es necesario eliminar con urgencia.
Acciones como dejar de obligar a las personas trans a diagnosticarse con disforia de género para acceder a tratamientos de salud o al reconocimiento de su identidad, además de poner sanciones contra funcionarios que incurran en estas malas prácticas y vulneraciones a los derechos a la salud y a la identidad.
Mientras la patologización hacia las personas trans siga siendo practicada y justificada por el Estado e instituciones de derechos humanos como el INDH no la evidencien, las violencias y discriminaciones contra nosotres nunca acabarán porque seguiremos siendo ubicades, a la fuerza y mediante exámenes patologizantes, en el lugar de la anormalidad, del síntoma y el cuestionamiento constante a nuestras expresiones e identidades.
La importancia de tratar estos temas radica principalmente en dos ámbitos. El primero es que, a través de los informes del INDH, se visibilizan situaciones de vulneraciones de derechos en Chile que deben ser conocidas por los distintos órganos del Estado; y en segundo lugar que, conforme a estas situaciones, el Instituto emita recomendaciones al Estado para prevenir y reparar.
Es en este último ámbito es donde existe una oportunidad que el Instituto aborde temas sobre nuestros derechos. Basta recordar, por ejemplo, que según datos entregados por RedLacTrans a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 95% de las mujeres trans en Chile ejercen el trabajo sexual, situación que no se menciona en ninguna parte del informe.
Si bien las recomendaciones que realiza el Instituto no son obligatorios para los órganos del Estado, si constituyen un precedente importante para establecer un marco general a la hora de dictar políticas públicas y leyes en la materia. Algo que pudimos ver en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2022 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que incluyó diversas recomendaciones que ya había realizado el Instituto.
Finalmente, esperamos que en los siguientes informes del INDH se logre incluir un enfoque transversal respecto a la vulneración de los derechos de las personas trans, que por cierto no sólo se enfocan en el trabajo, salud y educación, sino que también en temas de filiación, inclusión, seguridad social, derecho al sufragio y más.
Fotografía: INDH
