Shane Cienfuegos, investigadore OTD, y María José Azócar, investigadora de la Fundación SOL, señalaron, entre otras cosas, que “es importante también impulsar una política de reconocimiento y reparación a todas las personas trans, travesti y no binarias violentadas en dictadura”.
Columna publicada por CNN Chile.
Este año, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora coincide con un año de conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Como nos han enseñado quienes han dedicado su vida a los trabajos de memoria, el deber de memoria, además de dar justicia y verdad a las víctimas, construye futuros democráticos.
Hacer memoria no es simplemente recordar los eventos del pasado, sino que darles un sentido para entender el presente e imaginar un horizonte de proyectos futuros. Esto significa que hacer memoria es una construcción social activa, siempre viva, y en lucha constante, porque se disputan hechos y sus significados, y porque cada nueva generación incorpora nuevos puntos de vista. En esta columna, nos referimos a la memoria disidente de personas trans, travesti y no binarias con el objetivo de nombrar silencios y vacíos que en las historias oficiales del 8M y del Golpe han quedado silenciadas y subordinadas.
En una investigación que realizamos en conjunto entre OTD y Fundación SOL (gracias al financiamiento de la Fundación Heinrich Boell – Oficina Cono Sur), entrevistamos a 26 personas que son parte de la comunidad trans, travesti y no binaria. En nuestras conversaciones fueron vivos los recuerdos de prácticas de violencia, acoso sexual, golpes, tortura, burlas, y comportamientos abusivos de agentes del Estado dictatorial.
En efecto, como se ha documentado para el caso de Chile y otros países de América Latina y el Caribe, las dictaduras usaron jerarquías de género y sexualidad para promover discursos de odio y prácticas de terrorismo en contra de las disidencias sexuales. Sin embargo, lo que nos enseña también la memoria histórica disidente es que agentes del Estado en democracia han continuado con sus discursos y prácticas de violencia.
Por ejemplo, durante las entrevistas que realizamos para el estudio, fue común escuchar relatos donde carabineros, tanto en dictadura como en democracia, han violentado sistemáticamente a mujeres trans que se han dedicado al trabajo sexual. Como nos relató una mujer trans, trabajadora sexual, en tiempos de democracia ella ha “sufrido mucha violencia en el comercio y en el trabajo callejero, yo recibí impacto de bala, cuchillazo, golpes, porque por ser trans éramos la risa de todo el mundo, entonces tú ibas a carabineros a poner una denuncia por haber sido objeto de violencia, o de alguna golpiza, o qué sé yo, y en el fondo no tenía ningún fruto, no se lograba nada. ¿Por qué? Porque no nos respetaban, porque éramos prácticamente un payaso”.
Hombres trans hoy envejecidos también nos relataron los impactos que ha tenido la violencia estatal en sus vidas. En dictadura y en democracia este grupo de personas ha hecho frente a maternidades impuestas producto de violaciones correctivas y al sistemático hostigamiento laboral y sexual en sus lugares de trabajo (en los pocos casos que las corporalidades transmasculinas lograron laburar). Ante esto, el Estado ha estado en silencio y de nuevo, la regla ha sido una imperante y deliberada inacción estatal.
Lo que nos enseñan estos ejemplos es que la comunidad trans y travesti ha sido traumatizada colectivamente no solo por los eventos ocurridos durante la dictadura, sino también por las acciones (y omisiones) de una sociedad cisnormada, es decir, de una sociedad que considera que las personas cisgénero (incluidas las mujeres cisgénero) son el estándar de lo que es frecuente, normal y deseable. Como consecuencia, quienes no se ajustan a este estándar (personas trans y no binarias) son consideradas seres inferiores y por ello son objeto sistemático de exclusión, marginación y discriminación.
La continuidad de la violencia estatal anti-trans entre periodos dictatoriales y democráticos nos invita a pensar desde dos nuevas dimensiones este 8M. Primero, así como ha sido fundamental para activistas feministas la batalla por el reconocimiento y reparación del daño provocado a todas las mujeres cisgénero que fueron violentadas durante la dictadura; es importante también impulsar una política de reconocimiento y reparación a todas las personas trans, travesti y no binarias violentadas en dictadura.
Como ha insistido desde hace años OTD, no hay registros de las personas de las disidencias sexuales asesinadas y hechas desaparecer en nombre de la dictadura. Tampoco se han realizado actos simbólicos ni se han concretado compensaciones económicas dirigidas a esta comunidad para reparar los daños cometidos.
Segundo, si una de las luchas más importantes de movimientos feministas y de mujeres ha sido relevar las ramificaciones diferenciadas de experiencias de trauma histórico, entonces es momento de hacernos cargo este 8M de la complicidad que mujeres cisgénero (hemos) han tenido en reproducir prácticas de violencia cisnormada. Las discriminaciones que viven las personas de la comunidad trans, travesti y no binaria se acumulan a lo largo de la vida y cruzan generaciones. Sus efectos se manifiestan en los más variados aspectos de sus vidas. Es por eso que cualquier política de reparación para esta comunidad debe concebirse de manera integral, es decir, involucrando pensiones de vejez anticipadas y con un criterio de edad cronológica distinto al de las personas cisgénero; atención de salud competente, especializada y oportuna; acceso a viviendas sociales con criterios de familia amplios; becas y cursos de formación; y un cupo laboral.
En esta columna hacemos memoria disidente porque el pasado involucrado en el 8M y en el golpe no está escrito ni acabado: es nuestra acción disidente la que también lo construye, haciendo real futuros más democráticos en el presente.
