Cada día que pasa en Chile sin la aprobación del proyecto de Ley que Reconoce y da Protección al Derecho a la Identidad de Género, es una oportunidad más para la vejación y la discriminación. Sin un reconocimiento legal a la identidad de género de las personas transgénero, estamos frente a un Estado que dictamina quién es cada persona, no importando qué percepción tiene dicha persona sobre sí misma y con qué barreras denigrantes debe lidiar cotidianamente.
En Chile, como en la mayoría de los países, las personas tienen un género legal que se corresponde con el sexo que se les asignó al nacer. Este género aparece en diversos documentos oficiales (como el certificado de nacimiento, la cédula de identidad y el pasaporte) y determina cómo se las percibe durante sus vidas. Las personas cuya identidad de género es distinta del sexo que se les asignó al nacer, o quienes desean expresarla de forma que no se corresponde con las normas de género, deben elegir entre suprimir el sentido de la propia identidad o bien transgredir públicamente los límites que la sociedad ha impuesto a cada género; y asumir todas las consecuencias negativas que esto conlleva.
En este contexto, Amnistía Internacional lanza la campaña “Mi identidad no se TRANSa” que tiene por objetivo exigir a los legisladores y legisladoras chilenos/as que aprueben con premura una ley de identidad de género que esté en línea con los tratados internacionales de derechos humanos. “Esta ley debe considerar un reconocimiento legal al derecho de la identidad de género mediante procedimientos sencillos, claros y transparentes, al tiempo que se preserve el derecho a la intimidad. Por supuesto, debe asegurar también que el reconocimiento de la identidad de cada persona se base única y exclusivamente en su percepción, sin que importe la opinión de nadie más”, menciona Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Los Estados deben garantizar que las personas trans puedan obtener documentos que reflejen su identidad de género sin tener que cumplir requisitos que supongan en sí mismos una violación de sus derechos humanos. A tal fin, el reconocimiento de la identidad de género no debe hacerse depender de diagnósticos psiquiátricos, tratamientos médicos, estado civil o edad.
Es sabido que en diferente espacios, como los establecimientos educacionales o en el lugar de trabajo, las personas transgénero suelen ser discriminadas a causa de los prejuicios y los estereotipos de género masificados que derivan de las ideas estandarizadas de masculinidad y feminidad. Si bien, tal discriminación se produce independientemente de que las personas trans porten documentos que reflejen su identidad de género, no tenerlos puede exponerlas aún más a discriminación a la hora de presentar un documento cuyos indicadores de género no se corresponden con su identidad.
“Es lamentable que en pleno siglo XXI, las personas trangénero se encuentran en la difícil disyuntiva de tener que elegir unos derechos humanos a expensas de otros. El disfrute de todos sus derechos no es una opción para ellas. Su derecho a la salud, privacidad, derechos sexuales y reproductivos, a no sufrir discriminación, entre otros, se encuentran en contradicción cotidianamente. Forzar a las personas trans a tomar estas decisiones es contrario a la obligación del Estado de garantizar que todas las personas pueden disfrutar de todos los derechos humanos sin discriminación de ningún tipo, incluida la discriminación por motivos de identidad y expresión de género”, concluye Ana Piquer.
¡TRANSforma tu mirada y actúa!
Pide a los legisladores y legisladoras que aprueben YA la Ley de Identidad de Género firmando esta petición
http://amnistia.cl/acciononline/mi-identidad-no-se-transa/
Fuente: Amnistía Internacional
