Gobierno se niega a entregar carta enviada a la CIDH en la que cuestiona y limita el uso del sistema interamericano de DDHH

El encargado de legislación y políticas públicas de OTD Chile, Franco Fuica, solicitó el pasado 23 de abril la carta enviada por les representantes permanentes de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile, al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, en la que piden revisar el estado actual del sistema interamericano de Derechos Humanos. La solicitud de acceso a la información fue negada el 14 de mayo por la subsecretaría de Relaciones Exteriores por el “interés nacional”, lo que fue cuestionado a través de seis argumentos que se expusieron en el recurso de amparo que se interpuso ayer, 3 de junio, ante el Consejo para la Transparencia.

La carta dirigida a Abrao fue enviada el 11 de abril pasado, según un comunicado de la Cancillería: “el texto busca expresar las inquietudes de los Estados en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos”, indica. “La declaración respetuosamente propone tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana la adopción de ciertas acciones que permitirán mejorar el funcionamiento de aquel de cara a los desafíos del siglo XXI”, agrega.

Sin embargo, uno de estos “desafíos” busca relevar el principio de subsidiariedad, lo que ha sido leído por la sociedad civil como un intento de restarle fuerza y validez al sistema interamericano, pues en la declaración se insiste en que “los Estados gozan de un razonable margen de autonomía”, olvidando que el rol de la CIDH y su Corte, es de proteger los derechos humanos.

Entre los argumentos del recurso de amparo, está en que invocar una causal de reserva por “diplomacia internacional” no corresponde, dado que el sistema interamericano supervisa a los Estados en el respeto de los derechos humanos de sus ciudadanes y no se refiere a relaciones bilaterales entre dos países. También se señala que la misma Constitución ordena que ˝deberá darse debida publicidad” a todo asunto vinculado con reservas u objeciones respecto de un tratado internacional, y que la única forma en que se dé un debate transparente sobre el tema en un “Estado democrático de Derecho”, es que la opinión de las autoridades, sea conocida por la ciudadanía y los otros poderes del Estado, los que además no pueden fiscalizar los actos del gobierno si es que éstos no son publicados.

La denegación de acceso a la información es cuestionable, ya que la carta fue enviada secretamente y, al no existir reacción por parte de la CIDH, el Ministerio de Relaciones Exteriores emite una declaración anunciando parte del contenido de la misma, elegido arbitrariamente. Sin embargo, al querer acceder al contenido completo de la misiva, el Ministerio se niega.

Franco Fuica argumenta la necesidad de hacerla pública por el mismo “interés nacional”, pues esto puede afectar directamente la promoción y defensa de los derechos humanos en el sistema internacional, haciendo hincapié en la necesidad de que tanto el poder legislativo, como el poder judicial, deben estar al tanto de este tipo de documentos que podrían modificar la adhesión y aplicación de los tratados internacionales sobre esta materia.

“Queremos conocer este documento porque las organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado codo a codo con el sistema interamericano para defender a las personas a quienes se le vulneran sus derechos. Por ejemplo, el año pasado, en un caso sobre cambio de nombre y sexo registral, la Corte Suprema chilena citó a la Opinión Consultiva 24-07, sobre el reconocimiento de la identidad de las personas trans, emitida por la Corte Interamericana: por eso, no da lo mismo lo que pase cuando los Estados son incapaces de reafirmar su compromiso con los derechos humanos”, dice Fuica.

“Los gobiernos democráticos no son garantía de buen trato: que exista un sistema de derechos humanos responde a la necesidad de les ciudadanes de sentirse protegides y hacen referencia directa a los horrores que todes conocemos. Los derechos humanos están por sobre la soberanía y no afectan los intereses de los Estados, más bien los fortalecen, robustecen las democracias y el buen vivir que merecemos todes”, sentenció.

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